ZACATECAS. El Gobierno del Estado sentó las bases para implementar, dentro de su estructura, la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas (LAEZ); luego de lograr que el 100 por ciento de sus dependencias ya tengan a una persona responsable del Área Coordinadora de Archivos.
Por medio del trabajo unido entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Archivo General del Estado de Zacatecas (ARGEZ), consiguieron que los 51 órganos de gobierno cumplan con los artículos 23, 30 y 31 de la LAEZ, y así promover la correcta gestión y administración de los documentos públicos.
Mercedes de Vega, directora general del ARGEZ, informó que este logro no tiene precedentes, dado que anteriormente no existía un responsable de coordinar la planeación y elaboración de los instrumentos de control archivísticos, por lo cual los documentos públicos eran susceptibles de desaparecer o encontrarse incompletos.
Ahora, agregó, existen pasos firmes que darán certeza a las personas de que sus derechos a la cultura, a la verdad y a la memoria están protegidos; mientras que los archivos continuarán generando fuentes valiosas de información, cuya confiabilidad sustentará las futuras decisiones de las autoridades.
La funcionaria también hizo un reconocimiento al compromiso y participación activa del Gobernador Alejandro Tello, así como de las y los titulares de las secretarías, direcciones y demás organismos del Poder Ejecutivo de Zacatecas, ya que son autores del mejoramiento de la vida pública del estado.
Algunas de las funciones de los coordinadores de archivos son elaborar criterios y recomendaciones en materia de organización y conservación de documentos, al igual que generar expedientes con información clasificada como reservada o confidencial, bajo la premisa de asegurar su integridad.
De igual manera, fomentar políticas de difusión de la cultura archivística y de los acervos con valor histórico, además de coordinar las actividades destinadas a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas.
Esta nueva figura pública nace a partir de la LAEZ, que a su vez responde a la Ley General de Archivos; sus sujetos obligados son los tres poderes, ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, principalmente.
